La discusión sobre la salida del carbón vuelve a ocupar un lugar central en Colombia en un contexto marcado por la convergencia entre crisis climática y tensiones geopolíticas. Mientras que a nivel mundial q se intensifican eventos extremos como sequías, incendios e inundaciones, las disputas por recursos energéticos y territorios estratégicos continúan estructurando la política global. El control de rutas como el estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— evidencia la persistencia de una geopolítica fósil en la que el petróleo y el gas siguen siendo determinantes. Esta situación refleja una contradicción estructural: aunque la ciencia climática advierte sobre la urgencia de reducir drásticamente la extracción de combustibles fósiles para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, el sistema energético global continúa profundamente dependiente de ellos, y los conflictos asociados a la seguridad energética tienden a reforzar esa dependencia.

En Colombia, esta tensión adquiere una dimensión particular debido a su histórica dependencia económica de los combustibles fósiles. Las regiones carboníferas del Caribe, especialmente La Guajira y el Cesar, concentran cerca del 90 % de la producción nacional de carbón, sin que ello se haya traducido en bienestar regional: persisten altos niveles de pobreza, mercados laborales frágiles y baja diversificación productiva. A nivel nacional, la renta petrolera representó alrededor del 8,4 % de los ingresos corrientes del Gobierno en 2024), mientras que el petróleo y el carbón continúan siendo ejes de la canasta exportadora. En este contexto, la salida del carbón no es solo un asunto tecnológico, sino una cuestión profundamente política sobre cómo transformar un modelo económico anclado en las rentas fósiles.

Otras formas de entender la energía: Las energías comunitarias en Colombia

Frente a la discusión sobre la salida del carbón y sus alternativas, así como ante los límites y contradicciones del modelo fósil —incluidas ciertas transiciones corporativas que reconfiguran el extractivismo bajo nuevos lenguajes—, resulta necesario ampliar la mirada sobre qué entendemos por energía, desde dónde se produce su sentido social y político, y cómo evitar que la expansión de energías renovables reproduzca las desigualdades del modelo fósil. En este marco, las energías comunitarias – energía creada por y gestionada para el beneficio de comunidades locales – emergen no solo como alternativas tecnológicas, sino como formas situadas de reorganizar la producción, gestión y uso de la energía desde el arraigo territorial, la autonomía y el cuidado.

Las experiencias territoriales sobre energías comunitarias desplazan el debate hacia la justicia energética, la participación y la construcción de horizontes socioecológicos que cuestionan las lógicas históricas de despojo, acumulación y subordinación territorial que han estructurado el modelo minero-energético, así como las formas en que la energía ha sido producida, gobernada y apropiada bajo regímenes centralizados y corporativos.

En distintos lugares del Colombia, comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y procesos urbanos organizados vienen ensayando respuestas concretas a estos dilemas. Lejos de esperar decisiones centralizadas, estos procesos construyen formas de autonomía energética articuladas a la gestión del agua, la producción de alimentos y el fortalecimiento de economías territoriales. En estos contextos, la energía deja de reducirse a un insumo técnico o a una mercancía, para entenderse como parte de una trama de relaciones sociales y ecológicas vinculadas al sostenimiento de la vida y la defensa del territorio.

Fue precisamente está iniciativa la que motivó una serie de encuentros y recorridos territoriales entre organizaciones sociales y comunidades que ya vienen construyendo alternativas desde sus propios territorios. Entre agosto y septiembre de 2025, el Fondo Socioambiental Emerger —una iniciativa de filantropía comunitaria orientada al fortalecimiento de autonomías, saberes y capacidades territoriales en la defensa de la vida, los territorios y los bienes comunes— impulsó la realización de giras de autonomías comunitarias en distintos territorios del país.

Retando la narrativa energética dominante con aprendizajes locales

La primera gira territorial tuvo lugar en Antioquia. Inició en las laderas altas de Medellín, con la comunidad de El Pacífico, donde se ha construido un acueducto comunitario, huertas urbanas y un sistema propio de gestión del riesgo. También avanza una iniciativa de un parque energético comunitario, con una microcentral hidroeléctrica para responder a emergencias y fortalecer la autonomía barrial. En un territorio históricamente marginado por la institucionalidad, esta experiencia se sintetiza en una consigna que expresa una forma particular de relacionamiento político con el Estado: “con el Estado, sin el Estado y a pesar del Estado”.

En la ruralidad del oriente antioqueño, procesos como Comunidades Seeta (Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías) ha desarrollado una pedagogía ambiental basada en la “cosecha de energías”, que se apoya en biodigestores, estufas eficientes, huertas agroecológicas, paneles solares y sistemas de recolección de agua lluvia. Estas prácticas integran tecnologías apropiadas con saber campesino y procesos de educación popular ambiental, involucrando a niños y jóvenes desde las escuelas. En este contexto, amplían la comprensión de la energía al vincularla con los ciclos del agua, la producción de alimentos y la reproducción cotidiana de la vida, en territorios tensionados por la expansión hidroeléctrica, la presión sobre las fuentes hídricas y dinámicas de urbanización y especulación del suelo.

La segunda gira se desarrolló en los departamentos del norte del Cauca y el sur del Tolima. Estos territorios se han visto profundamente afectados por el modelo agroindustrial de la caña de azúcar, el cual se caracteriza por la concentración de la tierra (cuando un pequeño número de personas y organizaciones poseen una gran extensión de terreno), el uso intensivo del agua, la aplicación de agroquímicos y la quema de cultivos, generando impactos significativos sobre la salud, los ecosistemas y los modos de vida locales. En el asentamiento de Villa Rica, el Consejo Comunitario Quebrada Tabla, quien vela por los derechos de las comunidades negras, ha consolidado sistemas comunitarios de gestión del agua mediante aljibes colectivos, fortaleciendo la gobernanza territorial. Su mantenimiento a través de tongas o convites refuerza la cooperación y el control colectivo del territorio frente a la presión de los monocultivos.

En Natagaima, Tolima, la cooperativa Coosaviaunidos ha impulsado la economía solidaria, agroecología y tecnologías energéticas, como biodigestores, bombeo solar y estufas eficientes. En esta región también afectada por la expansión de monocultivos, la cooperativa promueve soluciones de escala comunitaria que fortalecen la soberanía alimentaria, el modelo cooperativo de ahorro y crédito solidario, la gestión autónoma del territorio y la diversificación productiva.

En conjunto, estas experiencias nutren la discusión sobre la transición energética, al aportar ejemplos reales de prácticas concretas en las que las formas de producción, toma de decisiones y distribución no responden necesariamente a la lógica dominante del sector energético.

Las salvaguardas socioambientales para la transición energética justa

De estos encuentros surgió una propuesta colectiva de Salvaguardas socioambientales para la transición energética justa, orientadas a evitar que las desigualdades arraigadas por el modelo fósil se reproduzcan durante la expansión de energías renovables. Las salvaguardas buscan servir como un instrumento para fortalecer y proteger los derechos y los bienes comunes en el contexto de proyectos de desarrollo y de transición energética.

Actualmente, estas salvaguardas funcionan como un marco no vinculante y aún no han sido institucionalizadas formalmente. Su valor radica en que nacen de procesos comunitarios, recorridos territoriales e intercambios regionales que buscan orientar la transición energética desde criterios de justicia socioecológica, defensa territorial y derechos humanos. Su propósito principal es ofrecer un marco político y técnico para exigir participación efectiva, reparación, redistribución y protección de los bienes comunes. Su mayor riesgo es que si las salvaguardas no son adoptadas y usadas directamente por las comunidades, terminen reducidas a principios de buena voluntad o a un lenguaje no apropiado sin capacidad para transformar las relaciones de poder. Por eso, más que sustituir las luchas territoriales, deben fortalecer la agencia comunitaria y reconocer décadas de resistencia y re-existencia.

Las propuestas de las salvaguardas pueden sintetizarse en cinco principios:

1. Energías comunitarias y soberanía territorial: reconocer y fortalecer las energías comunitarias —agua, sol, fogón, huertas, juntanzas— como base de autonomía, cuidado de la vida y gestión colectiva de los bienes comunes.
2. Participación vinculante, intergeneracional y con enfoque de derechos: garantizar la participación efectiva de comunidades, niños, jóvenes, personas mayores, mujeres y diversidades en todas las fases de los proyectos, incluyendo consulta previa y Consentimiento libre previo e informado (CPLI) cuando corresponda.
3. Transición socioecológica popular: impulsar una transición construida desde abajo, que supere el extractivismo y entienda la vida como una red de relaciones entre territorio, agua, alimento, energía, memoria y cuidado.
4. Reparación, justicia restaurativa y protección de la red de la vida: reconocer y reparar los pasivos socioambientales del modelo fósil, aplicando criterios precautorios frente a nuevas tecnologías, minerales críticos y proyectos de gran escala. 5. Democratización energética y control comunitario: redistribuir beneficios, descentralizar decisiones, fortalecer veedurías comunitarias y garantizar licenciamientos independientes libres de captura corporativa.

Estas salvaguardas representan, además, un giro conceptual que busca entender la energía no como mercancía, sino como un bien común junto al agua, los sistemas alimentarios, los cuidados y las economías territoriales. Este proceso se vio enriquecido por intercambios con organizaciones en Chile y Brasil, donde las comunidades se han organizado de manera similar y han propuesto salvaguardas para hacer frente a las desigualdades y a la participación limitada asociadas con los proyectos de energía renovable a gran escala.

Estas experiencias muestran que la transición energética es un campo de disputa: puede contribuir a afrontar la crisis climática y abrir rutas socioecológicas sustentables, o puede reproducir nuevas formas de extractivismo bajo discursos de sostenibilidad. Frente a ese riesgo, las iniciativas territoriales evidencian que ya existen alternativas basadas en la autogestión, la cooperación y el cuidado de los bienes comunes. Lejos de ser experiencias marginales, constituyen horizontes concretos para reconfigurar el sentido de la energía y avanzar hacia una transición verdaderamente justa.

Isabel Preciado es antropóloga, magíster en estudios críticos del desarrollo e investigadora del Centro de Empresas y Derechos Humanos. Trabaja sobre transición energética, extractivismo, alternativas comunitarias y mercados de carbono desde la ecología política, el ecofeminismo y la justicia socioecológica.

Mary Londoño es investigadora asociada en POLEN Transiciones Justas, donde contribuye a proyectos que impulsan la implementación de soluciones de energía renovable. Es magíster en Gestión Sostenible y Eco-innovación por la Rennes School of Business e ingeniera ambiental de la Universidad EIA.