Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, que determinará quién sucederá al presidente de izquierda Gustavo Petro, será un momento definitorio para la política energética del país, incluyendo el rumbo futuro de su transición energética justa (TEJ). Con la primera vuelta electoral en mayo y una posible segunda en junio, el panorama cuenta con 14 candidatos: tres de izquierda, cinco de centro y seis de derecha, lo que refleja diferentes visiones para el futuro energético del país.

Para analizar este escenario, conversamos con Felipe Corral, experto en políticas públicas y coordinador de la Hoja de Ruta de la TEJ en Colombia, sobre los logros y deudas de la administración actual, las tensiones políticas en la carrera presidencial y los retos estructurales para lograr una transición justa en Colombia.

¿Cuáles son los principales logros del gobierno Petro en materia de TEJ?

Desde 2022, el primer gobierno de izquierda transformó significativamente el sector minero energético al alejarse del modelo de la “locomotora minero-energética” – una estrategia política y económica introducida en la década de 1980, que trataba la extracción de petróleo y carbón como el principal motor para el desarrollo económico general del país – y posicionar la TEJ como bandera.

Se cerró la frontera extractiva de nuevos megaproyectos mineros en regiones carboníferas (como el proyecto de Cañaverales en La Guajira), así como el fracking y la   minería de metales a gran escala, cumpliendo así su compromiso de frenar esta manifestación del extractivismo.

En materia de renovables, la capacidad operativa ha aumentado de  200 megavatios (MW) en 2022, a 4.363 MW para 2026 y con tendencia positiva en los siguientes años.  Este progreso fue respaldado en parte por los esfuerzos para prevenir y abordar los conflictos territoriales a través del diálogo comunitario y nuevas formas de participación económica.

Un hito importante fue posicionar a Ecopetrol, compañía energética y el pilar central de la economía nacional, como líder de la transición. La compañía no solo consolidó un portafolio de 3 GW de proyectos eólicos y solares, sino que apalanca inversiones de otras empresas que construyen sobre sus aprendizajes y permite la transición, especialmente en la región carbonífera de La Guajira.

Otro logro sustancial fue eliminar el subsidio a la gasolina sin desatar un conflicto social. Esta medida, complementada con nuevos impuestos a vehículos de combustión interna, ha ayudado a triplicar las ventas de vehículos eléctricos y posicionar a Colombia como líder regional.

Junto con instrumentos para promover la reindustrialización nacional mediante el ensamblaje de vehículos de pasajeros, buses y motocicletas eléctricas, estas medidas apuntan a un esfuerzo más amplio para desarrollar nuevos sectores productivos y empleo local.

Esta diversificación también se ha reflejado más allá del transporte, con el crecimiento del turismo, un renovado impulso en la agricultura (café y cacao, en particular) y las remesas internacionales ayudando a la economía a absorber la caída del sector de los combustibles fósiles, mientras se mantiene un crecimiento positivo y un desempleo históricamente bajo.

¿Qué deudas persisten y qué desafíos quedan sin resolver?

Algunos vacíos importantes permanecen. La diversificación productiva, especialmente en Cesar y La Guajira, se ha estancado, mientras que la transición laboral de los mineros del carbón apenas comienza a tomar forma.

El desmantelamiento de las termoeléctricas a carbón también ha visto un progreso limitado, generando incertidumbre en los trabajadores y las comunidades.

En el sector de los hidrocarburos, la falta de estrategia para la sustitución del consumo de gas fósil, ha ampliado la brecha entre oferta y demanda, reviviendo presiones por introducir el fracking, extraer gas en aguas ultraprofundas y aumentar las importaciones de combustibles fósiles.

Estos desafíos son reflejo de la inercia institucional, la presión de la industria y las limitaciones fiscales que han frenado la acción política. Sin embargo, con medidas concretas para acelerar el despliegue de energía renovable y reducir la demanda de gas fósil en los principales sectores consumidores, las importaciones de gas eventualmente podrían eliminarse.

¿En qué medida la TEJ se ha incorporado en la agenda pública?

Hacer un balance en epicentros tan distintos como La Guajira, Boyacá, Cesar o Casanare es complejo. En mi opinión, quienes participamos en la formulación de la política de TEJ pudimos haber hecho más para explicar la transición y fomentar el diálogo, especialmente con las empresas y los trabajadores que son más vulnerables al declive del sector de los combustibles fósiles.

Todavía hay un desentendimiento de que por la dinámicas globales – impulsadas por la física, economía y geopolítica – se están alejando de los recursos fósiles específicos de Colombia. Colombia no cuenta con la geología más competitiva para el petróleo, ni se encuentra cerca del mercado de carbón restante. Como resultado, las propias fuerzas del mercado son ahora un motor central en el declive de estos sectores.

Esto ha contribuido a que la TEJ sea percibida como un “capricho” o como una agenda impuesta externamente. Por lo tanto, es esencial que los ciudadanos y los candidatos comprendan que la transición no es meramente un proyecto ideológico, sino una respuesta lógica al ascenso de tecnologías más baratas, más flexibles y menos contaminantes que los combustibles fósiles de los que depende actualmente nuestra economía.

¿Qué avances en la TEJ de Colombia serían ahora difíciles de revertir y cuáles siguen siendo más vulnerables a un cambio de liderazgo?

Si bien soy optimista, he aprendido a dudar mucho de lo “irreversible” en lo que atañe a las sociedades humanas. Aunque existe ahora un amplio consenso sobre las renovables como alternativa barata y ágil de abastecimiento de energía, el último año demuestra que dicho consenso puede ser frágil bajo la presión de la industria.

El riesgo principal es la reactivación de una “locomotora extractivista” que trate de recuperar “el tiempo perdido” repartiendo títulos mineros y bloques de hidrocarburos indiscriminadamente, incluso donde estos no tengan sentido económico o territorial.

Al mismo tiempo, algunas tendencias serán difíciles de revertir, incluyendo la obsolescencia de las termoeléctricas a carbón y el declive en las ventas externas de carbón térmico. El peligro es que, bajo un nuevo liderazgo, estos temas podrán perder prioridad política.  Esto dejaría a las comunidades más vulnerables a los efectos de los cambios estructurales que se desarrollarán independientemente de los resultados electorales.

¿Qué tan realistas son las propuestas de los candidatos presidenciales para la TEJ de Colombia, especialmente en lo que respecta a la diversificación productiva, la transición laboral y la sustitución de las rentas de los combustibles fósiles en las regiones afectadas?  

Existe un consenso sobre expandir las renovables e impulsar la eficiencia energética, especialmente en el transporte y en los hogares. Sin embargo, más allá de esto, empiezan a alejarse de manera sustancial las posiciones.

Solo pocos candidatos, principalmente de izquierda, se oponen a la expansión extractiva.

En contraste, los candidatos prominentes de derecha apoyan el fracking, sin abordar suficientemente si esto tiene sentido económico o geológico en un contexto donde hay alternativas más baratas disponibles y los competidores globales están mejor posicionados para los mercados del futuro.

Lo más preocupante es el vació de propuestas concretas para la diversificación productiva y la transición laboral en regiones proclives a experimentar reducciones en la demanda, tanto de carbón térmico como de petróleo.

No he visto que los candidatos expresen mucho interés específico en escalar las iniciativas actuales en torno a la diversificación productiva, la asociatividad territorial o una mayor equidad social. Falta mucho trabajo para articular las agendas que pueden poner las soluciones a la problemática de la crisis estructural de las regiones carboníferas en el primer plano. Para quien, desde la sociedad civil, los gremios, los sindicatos o el territorio esté haciendo incidencia, debería ser un tema de la mayor prioridad.

Los candidatos también carecen de planes específicos para sustituir la actividad económica regional y los ingresos mineros. En el mejor de los casos, presentan ideas generales. En el peor, predomina el “pensar con el deseo”: afirmar que reactivando los sectores extractivos cueste lo que cueste, se financiará la acción climática como la protección de la Amazonía.

¿Qué debería priorizar el próximo gobierno de Colombia para lograr la diversificación productiva en las regiones dependientes de los combustibles fósiles?

Si tuviera la posibilidad, recomendaría a las distintas candidaturas identificar sectores con alto potencial de aporte a la diversificación productiva –y la vida digna en general—y bajo conflicto para llegar a acuerdos mínimos.

La experiencia internacional enseña que solo cuando ese tipo de acuerdos se consignan en una ley con presupuestos, instrumentos y acciones claras, se abre una posibilidad genuina de transformación.

Sectores como la economía campesina, el abastecimiento de agua potable, la conectividad digital, los corredores ferroviarios, el turismo y el despliegue de energías renovables de una manera justa en regiones como La Guajira o Cesar, son puntos de partida donde difícilmente habría oposición.

Felipe Corral Montoya es actualmente gerente de Midsummer Colombia SAS. Ha trabajado en el centro de pensamiento POLEN Transiciones Justas, en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, y como investigador en la Technische Universität Berlin. Originalmente economista político de la Universität Heidelberg, también cuenta con una maestría en políticas públicas de la Hertie School y es candidato a doctor en economía en la Technische Universität Berlin.