En abril de 2026, la ciudad de Santa Marta, Colombia, fue sede de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles (TAFF 1). Este evento histórico se compuso de tres partes: un Diálogo Académico que aportó evidencia científica y experiencia; una Cumbre de los Pueblos que brindó legitimidad social y territorial; y una Conferencia de Alto Nivel a la que asistieron gobiernos de 57 países para movilizar la voluntad política. Organizado por los gobiernos de Colombia y los Países Bajos, el encuentro consolidó un bloque de naciones comprometidas con el avance de una descarbonización equitativa y territorial. Mientras que las discusiones generales se centraron en cómo los países pueden reducir su dependencia económica de los combustibles fósiles, el tema de la transición justa, como un habilitador importante para dicho cambio, también fue ampliamente debatido. 

Pre-Conferencia TAFF 1: Diálogo Académico – Perspectivas científicas 

Las reuniones de la pre-conferencia comenzaron con voces de la comunidad científica y organizaciones de base. El objetivo de este diálogo fue informar las discusiones gubernamentales que se llevarían a cabo unos días después. 

A través de diversas sesiones de trabajo que involucraron a investigadores, asesores de política pública y otros expertos de instituciones académicas, centros de pensamiento y organizaciones no gubernamentales (ONG), el componente científico compartió sus hallazgos a través de su Resumen del Repertorio de Acción de Santa Marta (SMART, por sus siglas en inglés). 

La transición justa se refleja en todo el marco SMART como una condición central para la transición exitosa hacia el abandono de los combustibles fósiles, en lugar de ser un tema independiente. El documento enfatiza repetidamente que la transición debe ser inclusiva, participativa y fundamentada en la justicia. Esto es más explícito en la Perspectiva de Acción 2, que hace un llamado a la protección proactiva de los medios de vida y de los trabajadores a través del reentrenamiento, el desarrollo de habilidades, el diálogo social, la diversificación económica y el desarrollo regional para asegurar que los costos y beneficios de la transición se distribuyan de manera justa. Además, la Perspectiva de Acción 11 destaca la importancia de la justicia procedimental y la participación significativa de las partes interesadas, incluyendo la involucración de trabajadores, Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades marginadas en los procesos de toma de decisiones. 

Más allá de los temas laborales, la transición justa se vincula con prioridades de desarrollo más amplias, como la reducción de las desigualdades estructurales, la mejora del bienestar humano, el apoyo a las regiones vulnerables dependientes de los combustibles fósiles, la garantía de acceso a financiamiento y tecnología para la transición, y la protección de las comunidades frente a impactos sociales negativos. Por lo tanto, el documento enmarca la transición justa no solo como una compensación para los trabajadores afectados, sino también como un enfoque integral en el cual el éxito de la transición se define por el progreso social tangible y las mejoras en el bienestar humano. 

Pre-Conferencia TAFF 1: Cumbre de los Pueblos – Voces indígenas y de la sociedad civil 

La Cumbre de los Pueblos reunió a sindicatos, líderes ambientales, grupos indígenas, campesinos y defensores de género y de la juventud de todo el mundo. Organizado por redes globales que incluyen a la Climate Action Network (CAN), el evento fue fundamental para amplificar estas voces y dio como resultado una Declaración de los Pueblos por una Transición Rápida, Equitativa y Justa para un Futuro Libre de Fósiles. La declaración rechaza el “caos climático y la desigualdad extrema” causados por un modelo extractivista que perpetúa patrones coloniales. 

Las exigencias planteadas –respaldadas por la iniciativa global del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles– exigen una transformación sistémica fundamentada en la soberanía energética, la reparación histórica y la justicia reparativa. La transición, argumentan, debe ser rápida, financiada por quienes tienen la mayor responsabilidad histórica y liderada por las propias comunidades afectadas. En este contexto, organizaciones que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional (FOEI) subrayaron que el proceso de transición debe desmantelar activamente las desigualdades existentes, en lugar de reforzarlas. 

Los llamados a la acción fueron urgentes: un cese inmediato de nueva infraestructura de combustibles fósiles y una reducción gestionada de su demanda basada en principios de equidad, con el Norte Global tomando el liderazgo. Se instó a los gobiernos a dejar de subsidiar los combustibles fósiles y la destrucción que estos conllevan y, en su lugar, invertir en sistemas de energía limpios, públicos y liderados por las comunidades. 

En resumen, la existencia de este espacio de los pueblos aseguró que la justicia no fuera tratada como un tema periférico, sino como un requisito previo para la viabilidad política y las transiciones duraderas. Al crear un espacio en el que las voces territoriales y las comunidades afectadas pudieran compartir sus puntos de vista, la Cumbre de los Pueblos ayudó a marcar el tono de las discusiones gubernamentales posteriores, impulsándolas más allá de medidas políticas aisladas para enfrentar desafíos estructurales más profundos. 

Conferencia de Alto Nivel: Promesas políticas y resultados finales 

La sesión de alto nivel a la que asistieron los gobiernos se centró en operacionalizar el compromiso global de transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles a través de tres pilares: superar la dependencia económica; transformar la oferta y la demanda; y avanzar en la cooperación internacional. Sus discusiones, resumidas en la Nota de la Presidencia (Chair’s Summary), destacaron que la transición energética no es un proceso uniforme, sino que requiere hojas de ruta nacionales diferenciadas. 

Los participantes enfatizaron que, para el Sur Global, el despliegue y el acceso a la energía renovable deben basarse en una participación social que garantice una transición inclusiva, asequible, descentralizada y centrada en las personas. Además, se puso énfasis en las zonas remotas, las comunidades rurales y los grupos vulnerables a través de soluciones como los biocombustibles, la biomasa, las microrredes y los sistemas renovables de propiedad comunitaria que apoyan tanto el acceso como la soberanía energética. 

Una de las áreas de consenso más significativas fue el reconocimiento de que la “justicia” en la transición debe reflejarse en la reconversión laboral, el ordenamiento territorial y la diversificación económica. Los diálogos destacaron la importancia de los planes territoriales de transición justa que incluyan medidas de protección social, desarrollo de la fuerza laboral y planificación temprana para los trabajadores y las comunidades que dependen de la economía de los combustibles fósiles. Los participantes también recalcaron que la planificación de la transición debe desarrollarse a través del diálogo social con trabajadores, Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes, comunidades rurales y otros grupos afectados, garantizando al mismo tiempo que los beneficios se compartan localmente y evitando nuevas formas de dependencia extractiva vinculadas a la economía verde. 

Además, se subrayó que la justicia financiera es el habilitador de la justicia territorial. Esto exige una reforma de la arquitectura financiera internacional a través de financiamiento concesional y que no genere deuda, mecanismos de acceso directo para los actores territoriales y apoyo para cubrir los “costos de oportunidad” de dejar el carbón, el petróleo y el gas bajo tierra. Finalmente, se acordó que los subsidios e incentivos deben diseñarse dentro de salvaguardias estrictas para asegurar que el apoyo llegue principalmente a los hogares vulnerables y evitar la concentración de beneficios en los grupos de mayores ingresos. 

Hacia adelante: Próximos pasos 

La conferencia generó un entendimiento compartido sobre cómo se puede desmantelar la dependencia de los combustibles fósiles respetando los principios de justicia distributiva, procedimental y restaurativa. Se establecieron grupos de trabajo para abordar tres temas críticos: el desarrollo de hojas de ruta nacionales y regionales; las dependencias macroeconómicas y la arquitectura financiera; y el equilibrio comercial y de inversión para la descarbonización. 

Al cerrar la brecha entre la ciencia de alto nivel y la realidad territorial, la conferencia de Santa Marta demostró que un futuro libre de fósiles es técnicamente posible y socialmente urgente. La próxima conferencia, en Tuvalu y coorganizada con Irlanda, se basará en este legado centrándose en la urgencia particular que enfrentan las naciones más vulnerables del mundo. 

Lo que este momento traerá en términos de resultados tangibles está aún por verse, pero un mensaje es claro: el éxito de la transición no se medirá únicamente por la reducción de emisiones, sino por la resiliencia de los ecosistemas y la capacidad de garantizar vidas dignas para las personas que habitan los territorios en transición.