La necesidad de enfrentar el cambio climático y dejar atrás los combustibles fósiles, junto con el auge de nuevas tecnologías que facilitan la generación local de energía renovable, como la solar y la eólica, está transformando el sector eléctrico en todo el mundo. En consecuencia, el sector se orienta hacia un sistema más flexible y resiliente que permite a los usuarios de energía desempeñar un papel activo. 

Los modelos de generación de energía renovable impulsados por grupos locales de usuarios finales, conocidos como comunidades energéticas, son ampliamente reconocidos e implementados en Europa y Norteamérica, y comienzan a emerger en América Latina. Estos grupos están motivados por la autonomía energética, la reducción de emisiones, el desarrollo económico local y la disminución de los costos de la electricidad. Aunque todas las comunidades energéticas buscan aumentar la participación de los usuarios en el sector energético, cada país adopta definiciones y normas diferentes para integrarlas, según sus intereses y prioridades nacionales. 

En Colombia, el término ha ganado relevancia como parte del plan de transición energética justa del Gobierno, con un fuerte énfasis en el liderazgo y la propiedad comunitaria. La estrategia está orientada a beneficiar a poblaciones remotas y vulnerables que carecen de acceso a la electricidad o a un servicio de calidad. Con un enfoque de justicia social, la estrategia busca llevar energía renovable a todos los rincones del país, contribuyendo a la transición energética justa de Colombia. 

Los dos pilares de la estrategia de Comunidades Energéticas en Colombia 

El primer pilar de la estrategia es identificar y priorizar comunidades en las zonas con mayores necesidades. Hasta la fecha, 18.471 comunidades en todo el país han solicitado participar. Para abril de 2025, se habían conformado 285 comunidades energéticas. A medida que avanza la implementación, no todas las comunidades serán priorizadas. Las seleccionadas recibirán financiamiento parcial o total, así como formación para administrar, operar y mantener los proyectos.

El segundo pilar consiste en crear un marco regulatorio que respalde nuevos sistemas de generación distribuida y autogeneración a pequeña escala. Este marco introduce tarifas preferenciales y procesos simplificados, flexibilizando el mercado eléctrico y fomentando la inversión en proyectos de comunidades energéticas por parte de comunidades y empresas. Estos incentivos regulatorios y de mercado reducen la necesidad de financiación pública y hacen de las comunidades energéticas una opción financieramente viable gracias a los ahorros y a la generación de ingresos. 

El marco regulatorio se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que establece que “los usuarios o potenciales usuarios de los servicios de energía podrán conformar comunidades energéticas para generar, comercializar o usar eficientemente energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.

Nueva regulación habilita las comunidades energéticas en Colombia 

El hito regulatorio más reciente para las comunidades energéticas es la Resolución CREG 101 072, expedida en abril de 2025 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta entidad regula el sector eléctrico, y la nueva resolución complementa políticas anteriores con lineamientos detallados sobre conexión, reconocimiento jurídico, compensación y otros parámetros operativos.

La Resolución 101 072 puede impulsar significativamente la adopción de comunidades energéticas al establecer los procedimientos técnicos para integrarlas al sistema eléctrico colombiano. Para ello habilita dos nuevas figuras para conectarse y participar en el mercado eléctrico:

1. Autogeneración Colectiva a Pequeña Escala (AGRC): Esquema de autogeneración compartida donde varios usuarios se agrupan para generar su propia energía, consumirla colectivamente e inyectar excedentes a la red. El modelo está enfocado principalmente en satisfacer la demanda del propio grupo.

• Capacidad máxima: Hasta 5 MW (suma de las unidades de generación de la comunidad).
• Alcance geográfico: Todos los generadores y usuarios deben pertenecer al mismo mercado eléctrico y estar conectados al mismo Sistema de Distribución Local (SDL).
• Representación legal: La comunidad debe organizarse mediante un acuerdo asociativo denominado “acuerdo comunitario de energía” para ser reconocida formalmente como comunidad energética.
• Conexión: Se aplican las reglas existentes para autogeneradores individuales.

2. Generación Distribuida Colectiva (GDC): Configurada como una planta comunitaria enfocada en generar y vender energía a la red. El modelo está orientado a inyectar toda la energía producida al SDL.

• Capacidad máxima: Hasta 5 MW (suma de las unidades de generación de la comunidad).
• Alcance geográfico: Todos los generadores deben inyectar energía en el mismo mercado eléctrico y estar conectados al mismo SDL.
• Representación legal: La comunidad debe organizarse mediante un acuerdo comunitario de energía para su reconocimiento formal.
• Conexión: Se siguen las reglas para generadores distribuidos.

Además, la resolución establece las condiciones para que estos modelos operen en Zonas No Interconectadas (ZNI). La combinación de ambos modelos permite desarrollar microrredes independientes que integran generación, consumo y almacenamiento de energía, llevando electricidad a las zonas más aisladas del país.

El nuevo marco legal es clave porque permite que múltiples usuarios se beneficien de una sola instalación de energía renovable sin realizar inversiones individuales ni requerir conexión física directa al activo. Usando la red de distribución local existente, usuarios en distintos lugares pueden beneficiarse conjuntamente de un sistema renovable colectivo. En estos modelos, los usuarios no estarán conectados directamente a la planta de generación; en su lugar, la energía se medirá en el punto de inyección a la red y en el punto de consumo de cada usuario. Al final de cada mes, la energía inyectada se acreditará contra el consumo de cada usuario. Esto amplía las opciones para que los usuarios se conviertan en prosumidores —productores y consumidores de energía—. Antes, solo quienes podían instalar sistemas en su propiedad podían generar y autoconsumir energía o conformar microrredes aisladas sin usar la red local.

Retos para alcanzar el potencial de las comunidades energéticas

Pese a los avances, esta regulación por sí sola no basta para desplegar plenamente el potencial de las comunidades energéticas. Persisten retos como la necesidad de financiamiento accesible (público y privado), apoyo técnico y fortalecimiento de capacidades para administrar, operar y mantener los sistemas en el tiempo. La estrategia gubernamental de identificar y acompañar comunidades ha sido un primer paso importante, pero insuficiente para escalar la implementación.

También se requiere mejor coordinación entre actores clave como operadores de red, comercializadores y el Ministerio de Minas y Energía para agilizar la aprobación de proyectos. Al ser una norma reciente, los actores aún se están adaptando y no existen tiempos de respuesta estándar a las solicitudes, lo que hace que el proceso sea complejo y prolongado. Finalmente, es necesario aumentar la difusión en comunidades remotas sobre la oportunidad de conformar una comunidad energética, así como brindar apoyo en el diseño e implementación de proyectos que realmente mejoren su calidad de vida.

Al crear marcos incluyentes, priorizar a las poblaciones vulnerables y fortalecer la cohesión social y el desarrollo local, las comunidades energéticas se perfilan como una estrategia prometedora para impulsar una transición energética justa en Colombia. El Gobierno ha realizado esfuerzos sustanciales para su implementación, pero para que el impacto sea verdaderamente transformador se requiere una mayor colaboración entre todos los actores. Este esfuerzo colectivo es esencial para aprovechar el potencial de las comunidades energéticas en la descarbonización, el bienestar comunitario y el desarrollo territorial.

Juanita Giraldo es líder de Comunidades Energéticas en Solenium, donde estructura estrategias y proyectos innovadores que integran energías renovables, tecnologías de eficiencia energética y la participación activa de los usuarios finales. Participó en el primer proyecto de comunidad energética conectada al Sistema Interconectado Nacional en el barrio El Salvador, Medellín. Es ingeniera ambiental con posgrado en energías alternativas de la Universidad EIA. Tiene experiencia en los sectores académico y empresarial en transición energética, democratización y descentralización del sector eléctrico.