“Queremos ser escuchados …ayúdanos a sanar nuestros territorios” esta fue la consigna de una campaña liderada por comunidades y trabajadores del Cesar, Colombia ante el cierre inesperado de dos minas de carbón en su territorio. La frase refleja el sentir de las doce organizaciones indígenas, campesinas y Afrodescendientes ubicadas en el área de influencia directa de las minas Calenturitas y Jagua y los dos sindicatos de trabajadores de carbón más representativos del país. En 2022, estos grupos se unieron para formar la Mesa para la Defensa territorial y la Transición Justa[1] con el fin de recuperar su territorio tras 30 años de explotación del carbón y exigir una participación real en el primer cierre de minas de carbón en Colombia.

Las explotaciones de carbón a gran escala comenzaron en el Cesar en la década de 1980. En más de 12.000 hectáreas de terreno, empresas multinacionales -Drummond, Glencore y Colombian Natural Resources- abrieron ocho minas de carbón a cielo abierto, convirtiendo al Cesar en el mayor productor de carbón de Colombia, con una producción media anual de 48 millones de toneladas (entre 2012 y 2020). Las actividades mineras se desarrollan principalmente en el municipio de La Jagua de Ibirico, con infraestructuras ferroviarias y portuarias ampliadas que llegan hasta el departamento de Magdalena.

En el Cesar, la minería del carbón se convirtió rápidamente en el principal motor económico de la región, cambiando drásticamente el paisaje del territorio y el modo de vida de la gente. Antes de la minería, las comunidades locales vivían de la agricultura, el cultivo del algodón, el maíz y la ganadería. Sus prácticas culturales, arraigadas en la armonía con la naturaleza, influyeron en el género musical y la cultura vallenata. El auge del carbón desencadenó una crisis medioambiental: el desvío y la contaminación de los ríos provocó escasez de agua, la contaminación del aire por el polvo de carbón causó problemas de salud pública y la expansión de las minas redujo las tierras aptas para la agricultura.

En este contexto ocurrió un hecho inesperado en el año 2021: las minas La Jagua y Calenturitas se cerraron antes de lo previsto tras casi 30 años en funcionamiento. Según los planes de cierre acordados entre el Gobierno colombiano y Prodeco (subsidiaria de Glencore) en 2016, los cierres de las minas debían comenzar en 2019 y concluir en 2028 para La Jagua y en 2032 para Calenturitas[2]. El inesperado cierre en 2021 no cumplió los tiempos acordados, no fue planeado y causó la pérdida de más de 1.200 empleos directos y 5.000 empleos indirectos entre 2021 y 2022. Además, el Estado Colombiano y, en particular, los gobiernos locales, perdieron los pagos de regalías relacionadas a la explotación minera. Por ejemplo, La Jagua de Ibirico, un municipio que albergaba el 95% de las operaciones de La Jagua y Calenturitas, dependía de estas regalías para alrededor del 85% de sus ingresos, profundizando aún más la crisis económica, social y ambiental.

En respuesta, las 14 organizaciones afectadas que se unieron para formar la Mesa para la Defensa territorial y la Transición Justa iniciaron un recurso legal en 2022, exigiendo participación activa en el proceso de cierre. Su demanda exigía la creación de una gran mesa de concertación y dialogo entre todos los actores involucrados—empresas, Estado, comunidades y trabajadores—para definir las compensaciones y las medidas de restauración ambiental, social y económica que Prodeco-Glencore debería implementar durante la próxima década. Esta acción legal marcó la primera vez en Colombia que las comunidades exigían la democratización de los procesos de cierre de minas en el marco de una transición energética justa.

Su primera gran victoria legal ocurrió a finales de 2022, cuando los Jueces del Juzgado séptimo administrativo de Valledupar (capital del Cesar) y del Tribunal Administrativo del Cesar fallaron a favor de las organizaciones y ordenaron la creación de esta gran mesa de concertación y dialogo. Además, designaron a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación como veedores oficiales del proceso.

Sin embargo, hubo numerosos obstáculos para aplicar esta sentencia judicial. Prodeco-Glencore adoptó una visión limitada de la participación comunitaria y no implementó plenamente la mesa de concertación y dialogo, incumpliendo el fallo de 2022.

Las cosas empeoraron cuando Prodeco-Glencore interpuso una demanda multimillonaria contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en noviembre de 2023, lo que paralizó aún más el desarrollo de políticas en torno al cierre de minas y la participación comunitaria. Mientras tanto, las autoridades colombianas no estaban preparadas para abordar la crisis socioeconómica resultante, y el aumento del conflicto armado en la región minera entre 2023 y 2024 provocó amenazas y ataques contra ocho líderes de la plataforma de diálogo y la abogada que llevaba el caso.

A pesar de tantas dificultades, las organizaciones de la Mesa para la Defensa territorial y la Transición Justa persistieron en su lucha por la justicia. El 4 de febrero de 2025, la Corte Constitucional de Colombia—la máxima autoridad judicial del país—emitió la sentencia T-029 de 2025 para afirmar que deben garantizarse los procesos de participación comunitaria antes de finalizar los planes de cierre de la mina. El tribunal confirmó la sentencia de 2022 y reiteró que la empresa minera debe establecer una amplia plataforma de diálogo para no sólo informar, sino también llegar a un acuerdo con todos los sectores afectados sobre las medidas que deben incluirse en el plan de cierre.

Tras esta decisión histórica para la transición energética de Colombia, Prodeco-Glencore convocó finalmente un amplio proceso participativo con mesas de diálogo para acordar las medidas de compensación y restauración que debían incluirse en los planes de cierre de ambas minas en marzo de 2025, dos años después de la sentencia inicial.

Hoy, tras cuatro años de incansable esfuerzo, la Mesa para la Defensa territorial y la Transición Justa continúa alzando su voz con dignidad, con el fin de exigir que sus ríos sean restaurados y descontaminados, las tierras que ocuparon las minas sean devueltas a las comunidades más afectadas, se encuentren soluciones al problema de salud pública, se restauren los bosques y ecosistemas que fueron destruidos, y se creen verdaderos programas de desarrollo comunitario y reconversión laboral. A través de sus acciones coordinadas, la Mesa para la Defensa territorial y la Transición Justa ha demostrado su compromiso para romper la dependencia de la región de la minería y apoyar una transición energética verdaderamente justa.

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Roció Torres Bobadilla es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magister en economía. Cofundadora del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Tiene más de 14 años de experiencia en litigio e investigación en derecho ambiental, patentes, empresas y derechos humanos y derechos de la naturaleza. Actualmente, es consultora y litigante que ejerce de forma independiente en defensa de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en casos ante grandes Empresas Transnacionales. Fue la abogada que litigo el caso de Glencore/Prodeco ante la Corte Constitucional logrando la sentencia T-029-2025 en representación de las comunidades y trabajadores afectados por el cierre de minas.

[1] Esta Mesa está conformada por: La Junta de acción comunal de Boquerón, Consejo Comunitario afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San Isidro, Red de Mujeres del Municipio del Paso, Asamblea Campesina del César, Asociación de usuarios campesinos ANUC el paso, Sindicato Nacional de trabajadores del Carbón -Sintracarbón, Sindicato Nacional de los trabajadores de la industria minero-energetica- Sintramienergetica, secretaria del resguardo Soroka del pueblo indigena Yukpa, Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril, Junta de Acción Comunal del Barrio Don Jaca en Santa Marta, Edil del Corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena), Líder social de la vereda el Hatillo, Líder social de las Juntas de acción comunal de la Jagua de ibirico.

[2] La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió las órdenes 09379-05 y 11384 en 2021 para revisar el plan de cierre de las minas Calenturitas y La Jagua.